El conflicto por las tarifas de la energía sigue sin solución de fondo. Y las empresas distribuidoras de luz están preocupadas, porque sin reajustes en el valor del servicio temen no tener recursos para afrontar sus costos operativos. La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), que representa a las firmas del sector, advirtió acerca de los inconvenientes que enfrentan las empresas eléctricas a causa de la decisión de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien frenó el incremento de tarifas que había dispuesto el Gobierno nacional.
Mediante un comunicado, la entidad que nuclea a las compañías distribuidoras de todo el país manifestó su “profunda preocupación por el presente y por el futuro del servicio eléctrico”. Además, aseguró que el pronunciamiento de la jueza no tiene competencia sobre los cuadros tarifarios que se encuentran bajo la órbita de las provincias. “El fallo puede afectar la cadena de pagos que se sustenta el sector eléctrico en su conjunto”, recalcó Adeera.
Por otro lado, la cámara empresaria señaló que el sector eléctrico nacional conforma un sistema federal en el cual cada jurisdicción (nacional, provincial y/o municipal) define de modo independiente las tarifas que debe aplicar la distribuidora. “Por este motivo, los cuadros tarifarios ya sancionados en las distintas provincias no deben verse afectados por disposiciones de la Justicia Federal, que resulta incompetente en la materia”, insistió el organismo. Más aún cuando estos cuadros tarifarios se establecieron luego de haber cumplido con el proceso de audiencias públicas, o con otros procedimientos participativos equivalentes, en el caso de ser exigidos por la legislación de cada provincia”, añadió.
Argumentos
Por otro lado, Adeera explicó que la factura que pagan los usuarios del servicio de luz es el resultado de tres ítems: el precio de la energía, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los impuestos aplicados sobre los dos primeros.
“El precio de la energía es el valor representativo de los costos de generación y de transporte a los centros de consumo y es el valor que las distribuidoras pagan por la energía que le compran a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa). Este valor es definido por la Secretaría de Energía de la Nación, se actualiza cada tres meses y se incluye en la factura sin necesidad de audiencias públicas”, advirtió la organización empresarial.
También recalco que el VAD representa la remuneración que perciben las distribuidoras para afrontar los costos de operación, de mantenimiento y las inversiones en las instalaciones. “Es importante recordar que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó un deterioro de la calidad de servicio”, insistió Adeera.
La definición de la corte
La suba de tarifas está en manos del máximo tribunal, que deberá expedirse sobre el tema
Los incrementos tarifarios en la electricidad, que se aplicaron en febrero, por disposición del Gobierno nacional, fueron interrumpidos por la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns. Lo mismo sucedió con los incrementos en las tarifas del gas, que comenzaron a regir en abril, y que frenó la Cámara Federal de La Plata. En ambas suspensiones, la Justicia entendió que el Gobierno no cumplió con el requisito constitucional de convocar a audiencias públicas. Ante este escenario, el Gobierno nacional instruirá a las distribuidoras de electricidad y de gas que retomen la facturación previa a los aumentos. Sin embargo, el conflicto seguirá abierto hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si convalida, o no, los reajustes tarifarios. El Gobierno nacional asumió que el máximo tribunal será el encargado de definir el futuro de las tarifas y no descartó la posibilidad de convocar audiencias públicas en octubre.
Sin plazos concretos
La corte suprema puede tardar días o meses en resolver el conflicto que generó el “tarifazo”
La decisión de la Corte Suprema de Justicia, que pondrá claridad sobre el conflicto por los aumentos tarifarios, puede demorar días o meses, según especulan fuentes de la Casa Rosada. Esto quiere decir que el máximo tribunal no tiene plazo para comunicar su fallo. Esta situación obliga al Gobierno a permitir que las empresas distribuidoras de luz y de gas emitan nuevas facturas, pero con los cuadros tarifarios viejos.
En el país, algunas empresas encargadas de la distribución de los servicios comenzaron a imprimir boletas con precios anteriores a los aumentos que aplicó el Gobierno. Según las fuentes oficiales, esta estrategia apunta a que las empresas no se queden sin recursos para cumplir con sus obligaciones.
“En el caso de que al final del complejo camino judicial, la Corte avale los aumentos, los usuarios deberán estar advertidos de que habrá un retroactivo pendiente a saldar. Pero, en el caso de que el tribunal frene definitivamente los aumentos habrá que pensar qué pasará con los servicios, cómo se afrontarán las inversiones necesarias y qué pasará con los subsidios”, plantearon las fuentes oficiales consultadas por la agencia de noticias Télam. La expectativa oficial es que, si bien no hay plazos concretos, la Corte comunique su decisión en el menor tiempo posible.
Tarifa social
Usuarios tucumanos se quedarían sin este beneficio
El fallo judicial que congeló los aumentos en las tarifas de luz en todo el país perjudicaría a unas 125.000 familias tucumanas que pagan la tarifa social. Según el vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), Santiago Yanotti, este es uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades, en medio del conflicto por las tarifas de los servicios esenciales, que aún no tiene solución de fondo.
A la espera de indicaciones
Los organismos reguladores de los servicios deben instruir a las empresas para refacturar
Los entes nacionales reguladores de la energía eléctrica y el gas (ENRE y Enargas, respectivamente) serán los encargados de instruir a las empresas distribuidoras, luego de los fallos judiciales que suspendieron los incrementos tarifarios. Lo propio mencionó el vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), Santiago Yanotti, quien señaló que en el caso de la luz esperan las indicaciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), encargada de regular la generación, el transporte y la distribución de energía en el país. Esta comunicación, según manifestó el funcionario, podría concretarse en el transcurso de esta semana. Hasta que ocurra, aclaró, la empresas distribuidora de energía continuará con los procesos de facturación del servicio de luz. Por otro lado, el vocal del Ersept señaló que urge una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que las empresas tengan criterios claros a la hora de facturar y para que los usuarios sepan cuánto deberán pagar.
Encuesta
Posiciones a favor y en contra de los retoques tarifarios
El 63% de los usuarios de servicios públicos del país considera que es “correcto” el aumento de tarifas que impulsa el Gobierno, según una encuesta reciente de la consultora Management & Fit. El 55% de los consultados que se pronunció a favor de los aumentos entendió que las subas tarifarias se deberían haber hecho de modo gradual, mientras que el 31% opinó que los precios de los servicios tendrían que haberse mantenido como estaban. La consultora relevó las opiniones de 2.200 personas, de entre 16 y 70 años, de diferentes puntos del país
El agua no recibe subsidios
El reajuste del 35% en este servicio esencial rige desde mayo para los usuarios tucumanos
El aumento del agua potable rige desde mayo en Tucumán, luego de que la empresa Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) aplicara un retoque del 35%. Según explicó el Ersept, la firma argumentó que el reajuste servirá para afrontar reajustes del 80% en los costos operativos, producto de la inflación y de la devaluación ocurrida en diciembre de 2015. La SAT también afirmó que los insumos químicos aumentaron el 68%. En promedio, la tarifa actual en Tucumán ronda los $ 160. A diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, el servicio de agua en la provincia no recibe subsidios nacionales y tampoco cuenta con tarifa social para usuarios de bajos recursos.
El déficit
El agujero fiscal es el argumento para ajustar las tarifas
Los subsidios a la energía, durante los últimos diez años, acumularon U$S 85.000 millones y representaron, sólo durante 2015, el 61% del total de las subvenciones que el Estado destinó a la economía. Así lo indicó un informe reciente de la consultora KPMG. Este escenario deterioró las empresas proveedoras de luz y de gas y los aportes estatales significaron el principal factor del déficit fiscal de las cuentas públicas, del 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Los subsidios al consumo de energía eléctrica crecieron de $ 1.185 millones, en 2005, a los $ 140.000 millones en 2015.
Cuentas públicas, en jaque
Si la corte convalida el freno al tarifazo, el gobierno deberá reponer los subsidios
El costo fiscal de frenar el tarifazo sería equivalente al doble del monto que el Gobierno pretende recaudar con el blanqueo de capitales, que se puso en marcha el 1 de agosto. Según un cálculo que divulgó el diario “Perfil”, si se concretara el retroceso de los aumentos de los servicios públicos, por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fisco perdería la oportunidad de recaudar alrededor de $ 75.000 millones anuales (casi U$S 5.000 millones). Las proyecciones del Gobierno señalan que si el régimen de amnistía fiscal resulta exitoso podría incorporar al sistema financiero unos U$S 20.000.
De este modo, si la Justicia bloquea los tarifazos, el Poder Ejecutivo se verá obligado a reponer los subsidios que retiró al sector energético por un monto equivalente a dos veces la cantidad de recursos que el Ministerio de Hacienda y Finanzas espera recaudar mediante el blanqueo de capitales o el gasto de un año en el pago de la “Reparación Histórica a los Jubilados”. Si el Estado debe restituir los subsidios, el déficit fiscal de las cuentas públicas se incrementaría en alrededor de 1,2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).
Ante este posible escenario, las empresas generadoras de electricidad comenzaron a hacer números. Si la Corte avala la suspensión de la suba tarifaria, Cammesa deberá recibir subsidios por U$S 11.500 millones. En el caso del servicios de gas, la situación es la misma.